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AECID en Uruguay

 

 

La AECID en Montevideo cuenta con una Oficina Técnica de Cooperación (OTC), un Centro Cultural y un Centro de Formación, unidades que coordinan sus actividades con las del resto de la misión diplomática de España en Uruguay, bajo la dirección del Embajador de España.

La OTC se ocupa de ejecutar los proyectos de cooperación acordados con el gobierno de Uruguay, que se orientan hacia el fortalecimiento del Estado, sus instituciones democráticas y la calidad de las políticas públicas. Desde la OTC de Montevideo se centraliza también el Programa de Cooperación con el Mercosur.

Género y Afrodescendientes son dos de las áreas transversales prioritarias del Marco de Asociación.

Por otra parte, la cooperación española prestará especial atención a las iniciativas de cooperación Sur-Sur y triangular, a las alianzas público-privadas para el desarrollo, al proceso de integración regional del Mercosur y a la Cooperación Financiera.

También se destacan algunas actuaciones que han contado con aportes españoles y que llevan a cabo distintas organizaciones internacionales, como la iniciativa piloto Unidos en la Acción, impulsada por Naciones Unidas, algunos programas promovidos por el PNUD, la SEGIB,  la Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia y la Cultura (OEI) o la OIT.

Por último, se recogen también las actuaciones de cooperación que llevan a cabo los gobiernos autónomos y locales españoles.

La Oficina Técnica de Cooperación (OTC) en Montevideo se convierte en una Oficina de carácter regional

Sostenibilidad medioambiental, lucha contra el cambio climático y agua y saneamiento.

 

 

Cambio climático

Uruguay no contribuye en escala considerable al cambio climático, pero sí se ve fuertemente impactado por sus efectos. Las sequías, inundaciones y eventos extremos —cada vez más frecuentes— afectan los hábitats humanos, los ecosistemas y la producción.

Para coordinar y articular las políticas de mitigación y adaptación, Uruguay creó el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. Para que este pueda realizar una coordinación transversal e integradora de los diferentes espacios y actores, necesita de una institución que facilite la convergencia armoniosa de acciones, intereses y demandas.

Con este fin, desde noviembre de 2010 la AECID apoya el fortalecimiento del Sistema, a través de proyectos de cooperación bilateral que ejecuta la Dirección Nacional de Medio Ambiente, del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Estas iniciativas permitirán la definición de una estructura operativa y estable del Sistema, que garantice su permanencia y efectividad, promuevan la participación de la sociedad civil y la academia y fortalezcan las estructuras de las principales instituciones involucradas, para que puedan integrar la dimensión del cambio climático a sus políticas de desarrollo sectoriales y territoriales.

 

Energía

Satisfacer las necesidades energéticas nacionales con criterios sustentables es el desafío de la política energética de Uruguay acordada por todos los partidos políticos. En un país que (a la fecha) no cuenta con reservas probadas de petróleo, gas natural o carbón, y cuyo potencial para represas hidroeléctricas está aprovechado al máximo, se vuelve urgente repensar la matriz energética, donde las energías renovables deben ocupar un lugar de privilegio. Otro de los ejes estratégicos es promover la cultura de la eficiencia energética en todos los sectores de actividad (construcción, industria, transporte) al impulsar nuevas práctica de consumo y colocar al Estado como un ejemplo paradigmático.

Por ello, AECID está apoyando a la Dirección Nacional de Energía en la diversificación de la matriz energética nacional, a través de la promoción de fuentes de energía renovables y la mejora en la eficiencia energética del sector Transporte (primer sector emisor de dióxido de carbono, principal gas de efecto invernadero). Se buscará desarrollar el sector de fuentes renovables no tradiciones y disminuir la dependencia del petróleo.

 

Biodiversidad

En el actual contexto de crecimiento, con un importante desarrollo de actividades productivas y prestación de servicios, los riesgos de pérdida y degradación de hábitats aumentan y se suman a las crecientes amenazas reales y potenciales del cambio climático sobre la biodiversidad.

El mantenimiento de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas es considerado una medida de adaptación frente al cambio climático, bajo el entendido de que la biodiversidad aumenta la capacidad de adaptarse de los ecosistemas al reducir la vulnerabilidad de las comunidades que ellos sustentan.

En este contexto, AECID acompaña a la Dirección Nacional de Medio Ambiente en la promoción del uso sostenible y conservación de la biodiversidad, de cara a los desafíos del cambio climático, principalmente al fomentar la integración del territorio a través de redes de conservación. De esta forma, se pretende que a la hora de gestionar un espacio donde conviven emprendimientos productivos, comunidades y ecosistemas, se incorporen criterios que eviten la fragmentación del paisaje y su consecuente pérdida de biodiversidad

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Recursos Hídricos

En este momento, los temas ambientales ocupan un lugar cada vez más central en el debate público, por lo que se considera fundamental que el país cuente con información sobre la cantidad y calidad de sus recursos hídricos, acuerde criterios para la toma de decisiones respecto a sus usos y asignaciones y, al mismo tiempo, asegure mecanismos de control y administración eficientes.

Por otro lado, esta necesidad se vuelve urgente e inevitable si se consideran las consecuencias del cambio climático, que impacta significativamente en las aportaciones y demanda de recursos hídricos, e incide en forma directa sobre la vulnerabilidad de algunos sectores —como el agropecuario y los hábitats humanos— debido a la ocurrencia más severa y frecuente de sequías e inundaciones.

En este marco, AECID, a través del Fondo Español de Agua y Saneamiento, financia el Plan Nacional de Adaptación de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos que ejecuta la Dirección Nacional de Agua (DINAGUA).

El objetivo principal del Plan es incorporar la adaptación al cambio climático al proceso de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Uruguay. Asimismo, otros resultados de la iniciativa serán conocer el impacto del cambio climático en los recursos hídricos del país y definir medidas de adaptación, para reducir la vulnerabilidad frente a eventos extremos (sequías e inundaciones).

 

Agua potable y saneamiento

A pesar de tratarse de un país de renta media, la zona rural de Uruguay muestra indicadores económicos y sociales muy por debajo de las medias nacionales. Su población rural, que representa aproximadamente el 7% del total, se encuentra muy dispersa en el territorio nacional, con dificultades de accesibilidad y menor disponibilidad a los servicios básicos. En particular, un 14% de esta población reside en pequeñas localidades con gran dispersión y en condiciones de extrema pobreza, siendo la más expuesta a los riesgos sanitarios asociados a la falta de agua potable.

A través del Programa de Abastecimiento de Agua Potable a Pequeñas Comunidades Rurales que ejecuta OSE y CODICEN, con financiamiento del Fondo Español de Agua y Saneamiento,este sector será atendido a través de rehabilitación de la infraestructura hidro-sanitaria y solución al manejo de aguas residuales en escuelas y comunidades rurales. Con estas acciones se contribuye a cumplir con las metas del milenio en el abastecimiento de agua potable y saneamiento en el sector rural de Uruguay, mejorando las condiciones de acceso a aproximadamente 20.000 personas.

Gobernabilidad y fortalecimiento institucional, con actuaciones en el área de Derechos Humanos, en el área tributaria y en los procesos de descentralización

En el contexto latinoamericano, Uruguay posee buenos resultados en las principales mediciones socioeconómicas internacionales y es considerado un país de “desarrollo humano alto y de renta media alta por las Naciones Unidas y el Banco Mundial, respectivamente. Sin embargo, los avances registrados en las áreas socioeconómicas no se reflejan en la misma magnitud en aquellas políticas públicas integrales que tienen carácter transversal y están relacionadas con nuevas demandas sociopolíticas como los Derechos Humanos, el abordaje de las cuestiones étnico-raciales y aquellas referidas a género y generaciones.

 

Por ello, pese a los valores satisfactorios en los índices de calidad de la democracia, transparencia y estabilidad institucional, se detecta la necesidad de fortalecer la capacidad del Estado y sus instituciones para impulsar políticas públicas dirigidas hacia la reducción de la pobreza y el crecimiento económico de amplia base social. Al mismo tiempo, es necesario trabajar en la descentralización de estas políticas, con el objetivo de llegar a la población más aislada del interior del país.

 

En los Acuerdos del Marco de asociación entre España y Uruguay, figuran un conjunto de intervenciones en el sector de Gobernabilidad que están alineadas con las políticas públicas definidas por el gobierno uruguayo y que tienen en cuenta la ventaja comparativa de España como socio estratégico, en relación con otros actores posibles. Dentro del sector de Gobernabilidad se desarrolla un programa amplio de cooperación en varios ámbitos, tales como: a) políticas fiscales (apoyo a la creación del Centro de Estudios Fiscales); b) empleo (apoyo a la Dirección Nacional de Empleo); c) derechos humanos (apoyo al Defensor del Vecino, Institución Nacional de Derechos Humanos, y Plan Afrodescendiente); c) descentralización (apoyo al Congreso de Intendentes y Gobiernos Departamentales); d) políticas de juventud (a través del Fondo España‐PNUD); e) seguridad ciudadana y sistema penitenciario, y cooperación Sur- Sur.

 

 

 

Construyendo ciudadanía: Fortalecimiento del Defensor de Vecino de Montevideo como herramienta para la promoción y protección de derechos

 

Uruguay se encuentra inmerso en un importante proceso de modernización y actualización del sistema de gobernabilidad democrática, que pasa por el asentamiento y puesta en marcha de instituciones encargadas de la protección y defensa de los derechos humanos, para que las convenciones e instrumentos firmados por el país en los foros internacionales no queden convertidos en meras declaraciones retóricas, sin implementación práctica concreta. En este contexto se inserta la creación de la institución del Defensor del Vecino de Montevideo, mediante un decreto departamental de diciembre de 2006. En estos años ha demostrado con creces su utilidad y la AECID la apoya desde 2009 en la articulación de una serie de cauces de diálogo entre la ciudadanía de Montevideo y su administración municipal. Montevideo agrupa una población de aproximadamente un millón y medio de personas, casi la mitad de toda la población de Uruguay. Las actuaciones del proyecto van encaminadas a la consolidación normativa de la institución, su promoción pública, la formación de su personal y la mejora de la eficacia en su gestión para mejorar la defensa y la protección efectiva de los derechos de los montevideanos.

 

 

 

Programa de Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de trabajo y Seguridad Social. 

 

 

 

En el campo laboral se han registrado avances importantes en los últimos años, producto del propio crecimiento económico, así como también por la instalación de los Consejos de Salarios y la fuerte intervención pública en pro de la formalización del empleo. Como resultado de los procesos de negociación colectiva, los salarios reales han tenido un crecimiento sustantivo. Además, el nivel de desempleo se redujo hasta caer por debajo del 6% en 2011. Si bien la situación es favorable, se observan disparidades significativas cuando se consideran los niveles de actividad, empleo y desempleo según género y ascendencia étnica de la población. Se identifican desigualdades de género y etarias entre la población protegida, siendo las mujeres y las personas jóvenes las que están en mayor condición de precariedad laboral. En este marco, la AECID apoya desde 2009 a la Dirección Nacional de Empleo —como titular de la función rectora de las políticas públicas de empleo y formación profesional— en la planificación estratégica y el diseño de políticas de empleo y formación profesional destinadas a las capas más desfavorecidas, así como también en las medidas para mejorar la gestión y desconcentración de los servicios públicos de empleo.

 

 

 

Hacia una Política Pública Integral de Cuidados a nivel nacional en el Uruguay

 

La Resolución 863/010 del Poder Ejecutivo creó un grupo de trabajo, en el ámbito del Gabinete Social, para coordinar el diseño del Sistema Nacional de Cuidados, con representantes del Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Banco de Previsión Social, Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Administración de Servicios de Salud del Estado, y de los Gobiernos Departamentales y Municipales.

 

El Consejo Nacional de Política Social y el Gabinete Social han acordado que, en primera instancia y como meta de quinquenio, se contemplen las tres poblaciones objetivo definidas y consensuadas: a) infancia, con especial énfasis en primera infancia (0 a 3 años); b) personas con discapacidad dependientes; c) adultos mayores dependientes.

 

Desde la AECID acompañamos este proceso aportando asistencia técnica especializada para la regulación de los servicios de cuidados provistos por el Estado y el mercado, para la formación de los cuidadores y para la sensibilización de los actores sociales y líderes políticos de todos los partidos sobre las temáticas de la dependencia.

 

 

 

Fortalecimiento de la capacidad de gestión del Estado y formación de funcionarios

 

Uruguay no cuenta con una cultura de planificación consolidada en los niveles de la administración pública, no se cuenta con un plan nacional de desarrollo ni con los instrumentos metodológicos e institucionales consolidados de forma que establezcan un sistema articulado. Así mismo, se detecta un desarrollo desigual dentro del Estado a nivel de gestión, manejo de recursos, niveles de servicios, implementación de procesos y cultura organizacional. No se dispone de un sistema de indicadores para la evaluación y la medición de impacto en el mediano y largo plazo que permita consolidar un sistema de trabajo horizontal interministerial para el desarrollo de proyectos complejos de inversión en infraestructuras y en suministros de bienes y servicios públicos globales.

 

Por ello, la AECID apoya a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mediante asistencias técnicas especializadas, en la construcción de indicadores que permitan al Estado evaluar los grandes proyectos de inversión con criterios objetivos de comparación a nivel regional e internacional.

 

 

 

Fortalecimiento Institucional del Servicio Penitenciario del Uruguay

 

Uruguay está comprometido con un amplio programa de reforma y modernización del sistema penitenciario. La humanización de las cárceles y la racionalización del sistema penal constituyen ejes prioritarios en la política de estado, para la que existe consenso de todas las fuerzas políticas en su necesidad, conveniencia y urgencia.

 

Por ello, la AECID está apoyando el desarrollo de un sistema de Carrera Penitenciaria, denominado Escalafón Penitenciario S, caracterizado por ser un cuerpo de funcionarios civiles del Estado, separado de los funcionarios policiales, especializado en tareas netamente penitenciarias, con formación específica en derechos humanos.

 

Para la construcción de este nuevo escalafón, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) cuenta con la asistencia de la Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericana (COMJIB), financiada por AECID, que colabora en el diseño del nuevo cuerpo funcionarial, sus procedimientos de ingreso, promoción y especialización, así como en la definición de perfiles y funciones de los distintos puestos de trabajo, para desarrollar un modelo de incorporación y ascenso objetivo, público y transparente, que permita dar seguimiento al sistema y hacerlo sustentable.

 

 

 

Ministerio del interior

 

Durante los últimos veinte años, la violencia, la criminalidad y la inseguridad se han transformado en problemas serios en la vida cotidiana de los uruguayos. La seguridad es un aspecto esencial para el desarrollo del orden democrático y de la convivencia ciudadana. Una sociedad segura es una sociedad más justa, ya que los niveles óptimos de seguridad solo pueden alcanzarse en un orden justo y estable en el que se hayan erradicado las causas sociales, económicas y culturales que originan el aumento de la delincuencia.

 

AECID está fortaleciendo al Ministerio del Interior uruguayo para contribuir a la mejora de la seguridad pública y a la garantía de los derechos humanos. En este proyecto está también implicado el Ministerio del Interior español, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad y otros entes públicos españoles con competencias en el sector, mediante un enfoque integrado de cooperación.

 

 

 

Apoyo a la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI)

 

La disminución constante de la cooperación internacional a nivel mundial, para países de renta media, hacen fundamental la coordinación entre acciones y actores para hacer de dicha cooperación un mecanismo útil, eficaz y eficiente, que favorezca el desarrollo del país en temas claves. Por esto es tan relevante que el organismo rector de las políticas de cooperación sea lo suficientemente fuerte como para coordinar sin transformarse en un escollo en la ejecución de proyectos.

 

En este contexto, AECID apoya la instalación de la recientemente creada AUCI, que se encargará de coordinar las políticas de cooperación y articular de manera eficiente las políticas de desarrollo estratégicas del Estado.

 

 

 

Fortalecimiento del ámbito territorial

 

En base a la idea de que la globalización, más que de suprimir, ha potenciado el papel de los entornos locales, se trabaja sobre la convicción que desde una perspectiva integral del poder local, se pueden generar liderazgos que profundicen y consoliden la gobernabilidad democrática. La descentralización y participación ciudadana constituye uno de los ejes centrales de la estrategia de gobernabilidad, mediante los que se reconoce tanto un cambio de visión (de beneficiario a ciudadano con derechos) como de concentración de poder, responsabilidades y recursos.

 

Para el caso de Uruguay, y dado el particular contexto a partir de la reforma constitucional de 1996 y la aprobación de la Ley de Descentralización Local de 2009, la descentralización hacia niveles subnacionales ha ido cobrando un lugar clave en la agenda política uruguaya. Por ello se define el Programa de Fortalecimiento Institucional del Congreso de Intendentes y de los Gobiernos Departamentales. Este tiene por objetivo potenciar las capacidades institucionales para la descentralización política, a partir de la adquisición de mayor sustentabilidad financiera.

 

Este trabajo se hará a nivel nacional, con prioridad en el norte del país. El proceso cuenta con el apoyo de la Cooperación Oficial Descentralizada española, como el Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional(FAMSI), el Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (FELCODE), la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXID), el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona, la Diputación de Huelva, la Diputación de Córdoba, el Gobierno Canario, País Vasco, entre otros.

 

Simultáneamente, el trabajo de fortalecimiento institucional en el ámbito local se articula con cooperación canalizada a través de organismos multilaterales, como el Programa ART, que pertenece al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a través del que se busca la promoción del desarrollo local y el fortalecimiento de redes territoriales.

Cultura y Ciencia

El sector Cultura y Desarrollo es prioritario para la Cooperación Española en Uruguay, que entiende a la cultura como “el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ello engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.”

 

Esta concepción sigue los principios de reconocimiento de las diferencias, la defensa de la diversidad y la promoción de la libertad cultural, para que las personas puedan alcanzar el desarrollo, es decir, para que puedan ampliar las alternativas y capacidades de escoger cómo vivir y gozar de una vida plena. Se basa en el enfoque de derechos, considera que el acceso de la ciudadanía a la cultura es un derecho de las personas, una responsabilidad de las instituciones públicas y de la sociedad civil, y una vía para la cohesión social.

 

En este sentido, tanto España como Uruguay han ratificado la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO. Por lo tanto, ambos países han decidido que la Cooperación Española apoye a Uruguay en el fortalecimiento institucional, para crear capacidades políticas institucionales y de gestión y realizar actividades de promoción y ejercicio de los derechos culturales y científicos a través del acceso a bienes y servicios. Se priorizará a los grupos que estén en mayor situación de vulnerabilidad, como la población afrodescendiente. Todas las personas tienen derecho a conocer y elegir las expresiones culturales que las representen y a exponer sus manifestaciones culturales.

 

 

 

Programa de Apoyo a Políticas Culturales Inclusivas y de Comunicación Científica. 

 

Este programa pretende trabajar sobre los principales desafíos del sector, que se centran en el acceso a la cultura de importantes grupos de la población que están marginados del disfrute de bienes y servicios culturales de calidad. Estos problemas representan, además de un obstáculo para el desarrollo individual de las personas y de la sociedad uruguaya como colectivo, un factor que afecta la calidad democrática y el desarrollo de la ciudadanía.

 

El objetivo que se plantea el Programa es que la ciudadanía —en particular los grupos en riesgo de exclusión— pueda acceder a espacios y servicios culturales, científicos y patrimoniales de calidad. Esta actuación se enmarca en el OE 4 del Plan Nacional de Acción Cultural Exterior (PACE 2011), que plantea promover la cooperación cultural como factor y elemento claves de la cooperación al desarrollo, considerando la cultura como un recurso por derecho propio cuyo acceso, diversidad, preservación patrimonial, capacitación, trato comercial y fomento industrial deben considerarse prioritarios en las políticas de desarrollo de España.

 

El programa se alinea con tres de las áreas estratégicas de trabajo que ha fijado el Ministerio de educación y cultura: a) fortalecimiento de la ciudadanía y la institucionalidad cultural; b) fortalecimiento de las industrias creativas; y c) fortalecimiento de la creación de conocimiento y descubrimiento de capacidades. La estructura tiene cuatro ejes: a) fortalecimiento institucional del ministerio y de otros actores estatales, mediante la mejora de sus servicios y la capacitación de su personal; b) fortalecimiento de las industrias creativas, potenciando sus sistemas de información y seguimiento y la puesta en marcha de una cuenta satélite de cultura; c) acceso a la cultura por parte de poblaciones vulnerables y su participación en los productos culturales, a través de la instalación de usinas para la creación cultural y del acceso a espacios y servicios de divulgación; d) divulgación de la cultura científica, apoyando la creación de un Museo de Ciencia y la dinamización de los espacios de ciencia.  

Género y desarrollo, sobre todo en violencia de género y en el fortalecimiento de las políticas de género a nivel local

  Género y desarrollo es un sector prioritario de la Cooperación Española en Uruguay, que apoyándose en los principios de igualdad y no discriminación, asume el objetivo de contribuir al logro de una mayor igualdad entre mujeres y hombres para asegurar un desarrollo sostenible. Tal objetivo pasa por la realización de las acciones necesarias que contribuyan a apoyar a los países a fortalecer, complementar y consolidar sus políticas y capacidades institucionales y sociales para promover la equidad de género. Es necesario que la igualdad sea una igualdad sustantiva y una igualdad de resultados, por ello la trasnversalización del enfoque de género en todas las acciones que la Cooperación impulsa ayuda a acelerar el ritmo y los avances de los compromisos asumidos por los países en derechos humanos de las mujeres. La Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (por sus siglas en inglés CEDAW) es la carta magna de derechos de las mujeres que ambos países, Uruguay y España, asumieron en su legislación. Según la Estrategia de Género de la Cooperación Española la violencia de género es la violación a los Derechos Humanos más generalizada, socialmente la más tolerada, y ejercida con gran impunidad legal contra las niñas, las jóvenes y las mujeres en general. Tiene carácter mundial y múltiples formas de manifestarse. La violencia de género refleja la gravedad de la discriminación de las mujeres y refuerza simultáneamente la inequidad de género. En el contexto internacional se ha constatado que la discriminación contra las mujeres está lejos de ser erradicada y la igualdad de género es un reto pendiente para alcanzar el desarrollo y la paz en el mundo. En este marco, España y Uruguay definieron un trabajo conjunto para los próximos cuatro años, que contiene dos líneas de actuación a través de la cooperación bilateral, Una dirigida al fortalecimiento de las políticas de igualdad de género a nivel local y otra dirigida a la erradicación de la violencia de género que sufren las mujeres uruguayas. Ambas actuaciones buscan garantizar el acceso de las mujeres al ejercicio de sus derechos humanos tanto a nivel nacional como local en igualdad de condiciones que los hombres. España es uno de los países que ha puesto en primer término de la agenda política la lucha contra la violencia de género, aprobando la ley de medidas de protección integral en 2004. La ley reconoce que la violencia de género es consecuencia de la sociedad patriarcal donde las mujeres viven en una situación de discriminación respecto a los hombres por el único hecho de ser mujeres. Mientras haya una sola mujer en Uruguay y en la región que sufra hambre, pobreza, desigualdad, marginación o sufra violencia de género no habremos hecho lo suficiente para que los derechos de las mujeres sean una realidad.

Programa Integral de lucha contra la Violencia  de Género

El proyecto pretende dar una respuesta más integral al abordaje de la violencia que sufren las mujeres desde un enfoque de género, impulsando de forma conjunta la intervención de los distintos actores, en toda su integralidad y de acuerdo a la complejidad del fenómeno, y apoyando la Estrategia Nacional de lucha contra la Violencia Doméstica que el Instituto de la Mujer de Uruguay (Inmujeres) pretende impulsar. En la implementación del proyecto participan cuatro instituciones de gobierno: Instituto Nacional de las Mujeres, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud Pública y Poder Judicial. El Programa tiene como resultados que las mujeres en situación de violencia de género accedan a un sistema de protección y atención integral y a un sistema de justicia y protección ágil, oportuna y eficaz. La articulación interinstitucional garantizará que la ciudadanía cuente con un sistema articulado y coordinado de acciones e instrumentos institucionales para la erradicación de la violencia de género, apoyándose y fortaleciendo el Consejo Consultivo de lucha contra la Violencia Doméstica, del cual las cuatro instituciones son parte. La violencia de género es un problema de primera magnitud en Uruguay.

Fortalecimiento de las políticas de igualdad de género a nivel local

El objetivo es apoyar la incorporación del enfoque de género en las políticas públicas y en las acciones que se realizan desde tres intendencias de frontera del norte del país, Artigas, Rivera y Cerro Largo, para garantizar el ejercicio real y efectivo de los derechos de la ciudadanía, tanto mujeres como hombres, en igualdad de condiciones. Tiene como resultado final contar con un Plan de igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres en cada intendencia mencionada, fortaleciendo las áreas de género en el territorio y asegurando la puesta en marcha de medidas especificas que reviertan las discriminaciones de género a nivel local, ya que en esos departamentos es donde la situación de las mujeres es más vulnerable.

 

 

Listado de Proyectos en ejecución:

 

Sostenibilidad medioambiental, lucha contra el cambio climático y agua y saneamiento

Gobernabilidad y fortalecimiento institucional, con actuaciones en el área de Derechos Humanos, en el área tributaria y en los procesos de descentralización.

Cultura y Ciencia

Género y desarrollo, sobre todo en violencia de género y en el fortalecimiento de las políticas de género a nivel local

Otras Acciones que Apoya la Cooperación Española

 

 

Programa de Cooperación AECID MERCOSUR